Las dificultades del Consejo General Vasco provenían de las limitaciones del proceso democratizador del país, del escaso peso jurídico, del débil reconocimiento social del Consejo General Vasco como Institución, y de las sacudidas violentas que los grupos terroristas ejercían sobre la sociedad.

Las falta de infraestructura y medios de financiación contribuyeron a incrementar los inconvenientes. Hasta el punto de que Ramón Rubial, durante los primeros meses, ejerció su cargo sin ningún tipo de remuneración y los Consejeros se pagaban sus propias dietas. Éstos mostraron su malestar mientras el Gobierno Central se desentendía. Así lo denunció José Antonio Maturana, Consejero de Cultura en 1978: “No estamos recibiendo ninguna facilidad. Estamos pidiendo a todas las instancias, Diputaciones, Ayuntamientos, Administración Central, etc. Sin que hasta ahora tengamos una respuesta”.

Las libertades públicas

La crisis económica azotó la política vasca en este tiempo y Rubial fue especialmente sensible al problema. El bienestar de la sociedad era indispensable para lograr el estadio de la democratización del país. La agitación social era notable, y el Lehendakari mostraba su preocupación. Para Ramón, el problema más grave “es el de la crisis de trabajo para que la situación económica sea satisfactoria. Esto sería lograr un paso importante para lograr el suficiente clima de confianza en el País Vasco”.

El hecho de que el Consejo no tuviera poder jurídico y disfrutara de un pobre reconocimiento, fue una espina que Rubial arrastró hasta su último discurso como Lehendakari: “(…) el resto de los consejeros han intentado a base de imaginación y coraje, lograr que la estructura del Consejo tuviese un peso político real, la ausencia se mezcla con la satisfacción del deber cumplido. Hemos logrado abrir el camino hacia la autonomía, hemos sido el embrión de autogobierno por el que nuestro pueblo tanto ha luchado a lo largo de su historia”.

Rubial: "No teníamos fondos"

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