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02/04/2013 | Categoría: Opinión | Autor: CARLOS TREVILLA | 0 Comentarios
URGE OTRA FISCALIDAD
URGE OTRA FISCALIDAD
Una de las ventajas más importantes con las que cuenta Euskadi para combatir la gran recesión económica es nuestra competencia de autogobierno fiscal. Desgraciadamente los diferentes gobiernos nacionalistas autonómicos y forales han pasado de puntillas durante las tres últimas décadas. La premisa era replicar el esquema fiscal español con una ligera “rebaja” en ciertos tributos -como el impuesto de sociedades- para atraer inversiones. Como botón de muestra ahí está la irresponsabilidad institucional de las llamadas “vacaciones fiscales” como apuesta propia, muy conservadora, por las devaluaciones fiscales competitivas.
Conviene recordar que junto a la crisis económica y el incremento del fraude ha sido la bajada de impuestos y no la subida del gasto público quien ha originado el incremento del déficit público y de la deuda. La ola de la ideología desfiscalizadora también se ha instalado en el pensamiento de muchos analistas económicos y responsables institucionales en Euskadi, que nos quieren hacer creer que los impuestos son una pérdida de renta sin compensación. El anterior Gobierno quiso poner en el centro del debate político la necesidad de enfrentrarnos a la crisis fijándonos tanto en los gastos públicos (presupuestos) como en los ingresos públicos (impuestos). Fue ferozmente criticado por los partidos de derecha vascos. Unos partidos cuya “impuestofobia” hasta la fecha se a parecido mucho a la que abandera el Partido Republicano en EEUU contra Obama o el multimillonario actor Gerard Depardieu en Francia contra los planes tributarios de Hollande.
Se ha producido una mezcla de conservadurismo ideológico y de oposición política irresponsable, bajo el eslogan de al adversario ni agua. O te endeudas o recortas. Ahora toca afrontar los ingresos para evitar o mas endeudamiento o un endeudamiento imposible dadas las condiciones impuestas de consolidación fiscal o un recorte de derechos. Nunca es tarde pero es urgente, ya que la economía vasca presenta una economía sumergida, y por lo tanto un fraude fiscal, un 25% superior a la media europea. Lo que se traduce en que anualmente se dejan de recaudar en Euskadi 2.500 millones de euros. Lo mismo que nos gastamos en educación y una cantidad sensiblemente mayor a los 1.400 millones de euros que el Lehendakari Urkullu ha declarado que va a recortar del presupuesto de este año (a pesar de que recientemente el Fondo Monetario Internacional ha admitido que la austeridad expansiva no es la medicina correcta para la actual situación económica).
Las autoridades fiscales vascas declaran por activa y por pasiva que luchan mucho contra el fraude, pero no han explicado todavía por qué no tenemos un único plan contra el fraude para el conjunto de Euskadi. En vez de ello tenemos un plan antifraude para Álava, otro para Bizkaia y un tercero para Gipuzkoa, sin que ninguno de los tres sean comparables o integrables. Un absurdo para un territorio tan pequeño como el de Euskadi que, a pesar de no contar un único plan integrado de lucha contra el fraude supervisado por el Parlamento Vasco, se permite el lujo de mantener tres Haciendas diferentes –una por cada territorio histórico– con tres legislaciones tributarias diferentes.
Nuestro sistema fiscal es injusto, insuficiente y limitado en su capacidad recaudatoria. Son muchos los que tienen que pagar y no pagan y los que pagan menos de lo que deben. No es posible que los profesionales paguen de media un 40% menos que los asalariados. La injustica de la dualización del IRPF permite que un ciudadano que cobra 1500€ al mes pague el 23% y otro que gana un millón de euros en bolsa pague menos de un 22% y, en la misma línea, según datos de la Hacienda Estatal, el impuesto de sociedades ha visto reducida su recaudación en un 64%, lo que supone el 70% de la caída global de la recaudación fiscal y son precisamente las empresas con mayores ingresos declarados las que menos aportan al fisco. Así, mientras una empresa con menos de 60.000 euros de ingresos anuales paga un tipo medio efectivo por encima del 22%, las que facturan más de 180 millones no llegan al 20% y las de mas de 1.000 millones, por debajo del 17%. La ingeniería fiscal siempre es útil dada la inadecuada regulación.
Nuestro problema económico (además de humano y social) mas importante es el desempleo no el endeudamiento y el déficit público. Urge otra fiscalidad para poder salir de la crisis con iniciativas públicas adecuadas y garantía de derechos sociales básicos. Aprendiendo del pasado, es preciso advertir que lo sustancial no es la magnitud de las tasas impositivas, sino el resultado sobre el conjunto de la sociedad y cada grupo social. Como ejemplo negativo no conviene olvidar que los cambios fiscales realizados en los últimos años (la bonanza económica permitió compaginar un incremento de la presión fiscal con la reducción de tipos) ha producido un procesos de redistribución de las rentas de trabajo a las del capital propiciando que aumenten las desigualdades y que el estado de bienestar reduzca sus recursos. En un momento de crisis económica y de contracción de demanda es preciso centrar los aumentos impositivos en las rentas superiores para evitar que los aumentos de impuestos reduzcan la demanda, además de garantizar progresividad y justicia social.
Es la hora del patriotismo fiscal, de estimular la llamada conciencia fiscal. El saneamiento de los presupuestos públicos depende de dos factores por igual: la austeridad en el gasto y la suficiencia en el ingreso. Hay mucho rigor en el primero y una gran laxitud en el segundo. Las democracias más asentadas y las sociedades mas cohesionadas son las que se han impuesto una fiscalizad suficiente para ejecutar unas políticas públicas que hagan frente a la crisis con equidad, eficacia y solidaridad. Hasta la fecha los asalariados y miles de pequeños y medianos empresarios han sido los principales paganos de unas reformas fiscales que no se corresponden con los principios de capacidad económica, justicia, igualdad o progresividad que recoge la Constitución en su artículo 31. Sin recursos no hay derechos y sin derechos se vacía de dimensión social nuestro sistema democrático. Detrás de cada impuesto no sólo hay más o menos recaudación, sino más o menos justicia y bienestar. Hay redistribución de rentas y un modelo de sociedad decente.

Carlos Trevilla
Vicepresidente Primero Fundación Ramón Rubial
Ex Secretario General UTG Euskadi
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